Recuperar la seguridad en el sur es urgente

No podemos permitir que en Chile se normalice que hombres y mujeres que solo buscan trabajar para sostener a sus familias, terminen siendo víctimas de la violencia armada. Este es un drama humano, que nos golpea a todos y ante el cual no quedamos indiferentes. 

Hoy tenemos más de mil días de Estado de Excepción en la macrozona sur. La herramienta existe, pero claramente no está funcionando, ya que las policías y Fuerzas Armadas no cuentan con inteligencia o atribuciones suficientes para anticiparse a los hechos, y las comunidades rurales siguen desprotegidas, por lo que necesitamos decisiones con voluntad política real, que otorguen mayores facultades y recursos a Carabineros, al Ejército y a la PDI.  

No es lo mismo controlar una protesta en la ciudad, que enfrentar a grupos armados que actúan con total impunidad en caminos rurales, aislados y extensos. 

Las cifras son contundentes. Desde 2014, según datos de ACOFORAG, se han registrado 511 atentados incendiarios, afectando a más de 50 mil trabajadores, 1.825 equipos forestales y 501 empresas contratistas, con pérdidas que superan los 209 mil millones de pesos. Solo este año, 16 empresas ya han sido atacadas. Detrás de estos números hay familias aterradas, empleos destruidos y comunidades completas sometidas al miedo. 

Lo más grave es que el Estado parece haber delegado en las empresas privadas la tarea de resguardar a sus trabajadores. Pero la seguridad no es responsabilidad del sector productivo. El uso legítimo de la fuerza es un deber del Estado. Si esto no se asume con claridad, lo que viene es el riesgo de la autodefensa, y eso nos acerca peligrosamente a escenarios de mayor violencia que nadie quiere, ni merece. 

Esperábamos más del Gobierno, pero al parecer la normalización de este tipo de hechos hace que nuevamente un ataque violento, que instala el miedo en las comunidades, no merezca una señal política clara por parte de las autoridades.  

Este no es un problema exclusivo del sector forestal. Es un tema país, que afecta a agricultores, transportistas, comerciantes, acuicultores, constructores, familias rurales y a todos quienes viven en estas regiones. Si no actuamos ahora, seguiremos hipotecando la convivencia democrática y el futuro de Chile.