El voto femenino: un punto de partida, no de llegada

En el mes de la mujer, cuando el país vuelve a reflexionar sobre los avances y desafíos en materia de equidad, vale la pena recordar un hito que marcó la historia democrática de Chile. En enero de 1949 Chile amplió su democracia de manera irreversible al reconocer el derecho a voto de las mujeres en elecciones presidenciales y parlamentarias. No fue un regalo ni un gesto simbólico; fue el resultado de décadas de lucha que pusieron sobre la mesa una verdad que hoy parece evidente: las decisiones del país son mejores cuando incluyen a todas las personas que lo construyen.

Sin embargo, ese logro fue solo el inicio. El sufragio habilitó la participación política, pero dejó pendiente algo más profundo: que las mujeres pudieran ejercer sus decisiones con libertad real. Porque participar no es lo mismo que decidir, y votar no garantiza, por sí mismo, la equidad.

Durante generaciones, los hombres hemos disfrutado márgenes de autonomía que las mujeres recién comienzan a conquistar: la libertad para estudiar, cambiar de trabajo o emprender proyectos personales y profesionales sin que nuestras decisiones estén condicionadas por el cuidado de otros. En cambio, millones de mujeres siguen viendo restringidas sus trayectorias por responsabilidades que la sociedad ha dado por sentadas: la crianza, las labores domésticas, la falta de redes de apoyo y, cada vez más, el cuidado de adultos mayores en los hogares. Esta última tarea, silenciosa y creciente, recae mayoritariamente en mujeres y condiciona su tiempo, su desarrollo y su autonomía de manera similar al cuidado infantil.

Estos factores no son anecdóticos; son barreras invisibles que frenan el desarrollo económico, la movilidad social y la innovación del país.

Chile ha avanzado, y la reciente ley de conciliación de la vida laboral, personal y familiar es un paso importante. Pero si queremos que la autonomía política conquistada en 1949 se convierta en autonomía real, debemos hacer algo que hasta ahora hemos postergado: construir un sistema de cuidados robusto, corresponsable y financiado colectivamente. Un sistema que permita que madres y padres, mujeres y hombres, trabajadoras y trabajadores participen en igualdad de condiciones. De lo contrario, seguiremos pidiendo a las mujeres que compitan en desventaja.

Este desafío no solo interpela al Estado. Las empresas y los gremios también estamos llamados a ajustar nuestras prácticas, no por obligación, sino porque la evidencia es contundente: las organizaciones más diversas toman mejores decisiones, innovan más rápido y se adaptan mejor a los cambios.

Desde el sector forestal lo hemos entendido así. En Corma impulsamos el programa Más Mujer, que busca derribar las barreras que por décadas normalizaron que una industria completa fuera casi exclusivamente masculina. Abrir espacios no basta: hay que medir brechas, modificar procesos, invertir en formación y tomar decisiones con datos. La equidad no ocurre por inercia; ocurre cuando alguien la empuja.

En un sector que necesita atraer talento, mejorar su productividad y proyectarse en mercados exigentes, apostar por la equidad no es solo una convicción ética: es una estrategia de competitividad. Y esa lógica es válida para todo el país. Cuando reducimos las barreras que enfrentan las mujeres, toda la sociedad crece. Cuando liberamos su talento, ampliamos el horizonte de lo posible. Y cuando diversificamos quién decide, mejoramos la calidad de las decisiones.

Si el voto femenino fue el punto de partida y una conquista democrática, hacer efectiva la autonomía de las mujeres será una conquista de desarrollo. Ese es el desafío de nuestra generación. Solo cuando dejemos de celebrar logros pasados y empecemos a completar lo que falta, podremos decir que ese hito histórico cumplió su promesa.