Cada 15 de febrero conmemoramos el Día del Brigadista Forestal. No es solo una fecha simbólica. Es un recordatorio urgente de una realidad que Chile aún no termina de asumir: los incendios dejaron de ser emergencias estacionales y se han transformado en un problema estructural del país.
Hablar de brigadistas es hablar de hombres y mujeres que enfrentan escenarios extremos para proteger vidas, comunidades y bosques. Su labor pone en evidencia la necesidad de fortalecer la prevención como eje central para construir un país más seguro y resiliente, en un contexto donde el cambio climático seguirá intensificando el riesgo de incendios.
Esta temporada volvió a mostrarnos una verdad que se repite cada verano: la dolorosa cifra de 21 personas fallecidas y más de 3.500 incendios entre O’Higgins y Los Lagos. En Biobío, además, cerca del 50% de los incendios son intencionales, lo que refleja la gravedad y complejidad del desafío. Y en este escenario surge una pregunta inevitable: ¿qué sería de nuestro país sin brigadistas forestales?
La prevención es clave y comienza mucho antes de que se declare una emergencia. Incluye múltiples dimensiones: alerta temprana, patrullajes preventivos, gestión de combustibles, comunidades organizadas y una investigación eficaz con sanciones ejemplificadoras.
El trabajo público-privado desarrollado a nivel regional ha demostrado ser fundamental. Sin embargo, debemos seguir fortaleciéndolo y escalarlo hacia una coordinación macroregional que permita anticipar riesgos y responder con mayor eficacia a emergencias que no reconocen límites administrativos.
Chile arrastra, además, una deuda crítica: incorporar el riesgo de incendios en el ordenamiento territorial. No podemos seguir diseñando ciudades y zonas rurales como si el fuego no existiera. Planificar el desarrollo con el riesgo en mente ya no es una opción, sino una condición básica de seguridad.
A esto se suma un problema de fondo: la alta ocurrencia, en su mayoría de origen humano. Ningún sistema de combate puede responder eficazmente a escenarios de simultaneidad extrema. Reducir la ocurrencia es la forma más concreta de proteger vidas, brigadistas y ecosistemas.
La ley de incendios que hoy se discute es una oportunidad histórica. Desde CORMA la valoramos como una herramienta clave para fortalecer la prevención en todas sus dimensiones, donde el apoyo a pequeños y medianos propietarios forestales resulta fundamental.
Pero para que esto sea posible se requieren decisiones: políticas, institucionales y presupuestarias. La prevención no puede activarse solo en verano y olvidarse después. Debe transformarse en una política de Estado sostenida en el tiempo, con responsabilidades claras y una mirada territorial coherente con el riesgo.
Cuidar a quienes nos cuidan exige mucho más que reconocimiento. Exige anticipación, coherencia y decisiones sostenidas en el tiempo. En definitiva, decidir prevenir. Y esa decisión debe tomarse ahora.
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