Durante el encuentro, los gremios manifestaron su profunda preocupación por el deterioro sostenido de la seguridad rural, advirtiendo que los cinco atentados ocurridos en tan solo seis días representan una escalada de la violencia, con impactos directos sobre trabajadores, comunidades, empresas y contratistas, que requería medidas inmediatas por parte del ejecutivo.
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, señaló que la inseguridad está generando un clima creciente de incertidumbre para la inversión, afectando la productividad y la estabilidad regional.
Una de las preocupaciones manifestadas por el presidente de CORMA es que esta ola de violencia ocurre justo al comenzar la temporada de incendios forestales, elevando drásticamente el riesgo humano, ambiental y económico, y exponiendo a las regiones a consecuencias potencialmente devastadoras.
Los gremios productivos plantearon al ministro Cordero la urgencia de una revisión integral de la institucionalidad y la cadena operativa del Estado, especialmente de los organismos con rol estratégico en prevención, control y respuesta: Ministerio del Interior, Ministerio de Seguridad Pública, SENAPRED, COGRID, GEDENA, Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas.
Asimismo, manifestaron su disposición a colaborar activamente en soluciones concretas y sostenibles: “Esta es una causa país, no un tema sectorial. Estamos disponibles para trabajar con el Gobierno en todas las instancias necesarias”, señalaron.
La necesidad de actuar en forma urgente ante esta situación fue relevada transversalmente por el sector empresarial, activando reacciones y llamados a la acción tanto de los asistentes a la reunión como desde otros gremios y confederaciones importantes tales como SOFOFA, SNA, Multigremial Araucanía, PyMEMAD; ACOFORAG, IRADE Biobío, CChC, ASEXMA, SOCABIO, Pescadores Industriales del Biobío, CPC Biobío, Asociación de Empresas del Biobío,
El ministro Cordero, en tanto, se comprometió a continuar trabajando para fortalecer las medidas de seguridad, enfrentar la violencia y proteger a las comunidades afectadas.
